Presuntos Pandilleros Matan a Sacerdote en El Salvador

AP

SAN SALVADOR (AP) _ Un sacerdote fue asesinado por presuntos pandilleros en un pequeño municipio del occidente de El Salvador, informaron las autoridades el sábado.

El clérigo Cecilio Pérez Cruz fue atacado a balazos por presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS 13) la noche del viernes mientras dormía en su habitación en la parroquia San José La Majada, del municipio de Juayúa, a 74 kilómetros al oeste de la capital, en el departamento de Sonsonate _fronterizo con Guatemala.

Los feligreses que participarían en una actividad de la parroquia encontraron el cuerpo del sacerdote y una nota que los criminales dejaron en el lugar en la que se lee “No pagó la renta, MS 13”.

Monseñor Constantino Barrera, obispo de la diócesis de Sonsonate y quien confirmó el asesinato, dijo a los periodistas que Pérez “fue encontrado muerto en su habitación y al parecer tiene tres disparos en su cuerpo”.

“Este es un asesinato que viene a golpear a la diócesis, a los hermanos sacerdotes, a la familia del padre y también al país porque este es un golpe de la realidad delincuencial que impera en muchos espacios de El Salvador”, agregó Barrera.

El sacerdote Edwin Baños se unió a la condena por este nuevo crimen atribuido a las pandillas y publicó en su cuenta oficial de Twitter: “Han asesinado al Padre Cecilio Pérez, de la Diócesis de Sonsonate. Corre la sangre de inocentes, es un sacerdote, un sacrilegio. íDios mío! íHasta cuando! Pedimos a las autoridades investiguen y se haga justicia. (hash)LutoEnElClero”.

En marzo de 2018, cuando se dirigía a oficiar misa en una pequeña parroquia del oriente del país, presuntos pandilleros acribillaron a tiros a sacerdote Walter Osmir Vásquez Jiménez. El crimen sigue sin ser escalecido.

El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, cerró el año 2018 con 3.340 asesinatos, un promedio de 50,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes _el equivalente a 9,2 por día.

Según las autoridades de seguridad pública, las maras o pandillas integradas por unos 70.000 jóvenes y adultos se encuentran en barrios y comunidades populosas y están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales en 2012.

Rechazan ley de conciliación

El pasado domingo, la Iglesia católica de El Salvador también denunció la Ley de Reconciliación Nacional debatida en la Asamblea Legislativa, afirmando que dejaría en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.

“Estamos muy preocupados de que se está queriendo pasar a toda prisa una ley de Reconciliación que sería en práctica otra ley de amnistía injusta, una ley espuria, totalmente ilegitima que pretende proteger a los victimarios”, dijo en conferencia de prensa el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó recientemente su profunda preocupación por la iniciativa afirmando que podría “propiciar la impunidad” para quienes cometieron delitos graves durante el conflicto armado de 1980 a 1992 que cobró la vida de más de 75,000 personas y dejó unos 10,000 desparecidos.

En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley de amnistía aprobada en 1993 tras la difusión de un reporte de la ONU sobre atrocidades cometidas durante el conflicto. Al declarar inconstitucional esa ley, la Sala estableció que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

La Sala también ordenó a la Asamblea Legislativa que elaborara antes de julio de 2019 una nueva ley de reconciliación nacional que garantizara la verdad, la justicia y las reparaciones para las víctimas, y que ofreciera garantías de que esos delitos no se repitan.

Pero el jerarca de la iglesia católica salvadoreña denunció que la comisión que estudia el proyecto de ley está integrada por personas que tuvieron participación directa en el conflicto armado.

El prelado católico dijo que “lo más sano” para el país sería una justicia transicional coma la que ya se puso en práctica en Sudáfrica.

Añadió que en su opinión no es necesario que los victimarios vayan a la cárcel, pero sí que sean llevados a juicio, que se conozca la verdad, “que pidan perdón y que haya un acto reparativo, eso es lo menos que se les puede pedir”.

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