Bukele Ordena Sacar del Gobierno  a Familia del Expresidente

AP

SAN SALVADOR (AP) — El presidente de El Salvador Nayib Bukele ordenó el martes remover de sus puestos en el gobierno a tres familiares del exmandatario Salvador Sánchez Cerén, y que se “contrate a personas con credenciales para asumir el cargo”.

A través de su cuenta de Twitter, Bukele ordenó al ministro de Justicia y Seguridad Publica, Rogelio Rivas, y la ministra de Vivienda, Michelle Sol, para que removieran de sus puestos a Salvador Antonio Sánchez Villalta, y a Luis Antonio Sanchez Mejía, hijo y nieto del ex mandatario, respectivamente. También ordenó el despido de Irma Mejía Mejía, nuera de Sánchez Cerén.

Supuestamente el nieto del ex mandatario cobraba un salario mensual de cuatro mil dólares en el Fondo Nacional de Vivienda Popular, mientras que Mejía Mejía percibía 2.500 dólares como directora general de Centros Intermedios en el ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

“Su orden será ejecutada inmediatamente”, respondió el ministro de Seguridad Publica. “Ahorita mismo presidente”, agregó la ministra de Vivienda.

A pocas horas de jurar como mandatario de El Salvador el fin de semana, Bukele, siempre en su cuenta oficial de Twitter, ordenó el domingo a la fuerza armada retirar de inmediato el nombre del coronel Domingo Monterrosa del cuartel de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel, por estar acusado de crímenes de lesa humanidad.

Y el lunes ordenó remover de su cargo al director de Protección Civil, Jorge Meléndez, por su presunta participación en el asesinato del poeta salvadoreño Roque Dalton en mayo de 1975.

“Se le ordena al Ministro de Gobernación (Mario Durán), que remueva al director de Protección Civil, acusado del magnicidio de nuestro poeta Roque Dalton. En su lugar, nombre a alguien con credenciales para ejercer ese puesto de la mejor manera”, publicó en su cuenta de Twitter el mandatario salvadoreño.

“Está hecho, presidente”, respondió en la misma red social Durán, quien más temprano, al asumir sus funciones, dijo que se reuniría con Meléndez, cuyo periodo vencía el 31 de diciembre.

Familiares de Dalton afirman que el ex comandante guerrillero Joaquín Villalobos, del extinto Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fue quien le disparó al poeta en una casa de seguridad de la guerrilla y que el crimen fue encubierto por el también ex comandante guerrillero, Jorge Meléndez, conocido durante la guerra como “Jonás”.

Juan José Dalton y Jorge Dalton, hijos del poeta, pidieron en 2018 a la Corte Suprema de Justicia que anule una resolución de un tribunal de justicia que favorecía a Villalobos y Meléndez, y que reabriera el caso.

Juan José sostuvo que en contra de su padre se cometió una detención arbitraria, tortura física y psicológica y ejecución extrajudicial. Los hijos del poeta han pedido a Villalobos y a Meléndez que les digan dónde dejaron su cuerpo, pero no han tenido respuesta.

“La orden presidencial de la destitución de Jorge Meléndez... la consideramos como un gesto de gran contenido humanitario”, dijo Juan José en entrevista con The Associated Press.

A pocas horas de jurar como mandatario de El Salvador el fin de semana, Bukele también ordenó a la fuerza armada retirar de inmediato el nombre del coronel Domingo Monterrosa del cuartel de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel, por estar acusado de crímenes de lesa humanidad.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas divulgado en 1993 responsabilizó de la masacre de El Mozote al coronel Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia, y a otros oficiales que no fueron juzgados bajo el amparo de la Ley de Amnistía.

La masacre de El Mozote, perpetrada en 1981, es la más grande documentada en la historia reciente de América Latina. Dejó un registro oficial de 978 víctimas, entre ellas 553 niños.

Monterrosa y Azmitia murieron en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en que viajaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.

“Para nosotros estos hechos no son más que el inicio del derrumbe de los muros de la impunidad en El Salvador que a pesar de más de 27 años de finalizada la guerra todavía están prevalecientes”, agregó.

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