LOS ANGELES (CNS) - El propietario de una escuela de camioneros del Valle de San Fernando se declaró culpable esta semana de robar más de $4 millones del Departamento de Asuntos de Veteranos en fondos del GI Bill por clases a las que los veteranos nunca asistieron.

Emmit Marshall, de 52 años y residente de Woodland Hills, hizo su aparición en la corte por cinco cargos federales de fraude de cables, que en total conlleva un potencial de décadas de prisión. Pero a cambio de la declaración de culpabilidad de Marshall, los fiscales federales acordaron solicitar una pena de prisión de no más de 10 años y el pago de 4.3 millones de dólares en restitución, según los registros judiciales.

El juez de distrito de los Estados Unidos Stephen Wilson estableció dar una sentencia el 18 de Noviembre.

El coacusado Robert Waggoner, de 56 años y residente de Canyon Country, enfrenta un juicio en Febrero en el centro de Los Angeles.

Marshall era propietario y presidente de la Alliance School of Trucking, y Waggoner fue director en la escuela Chatsworth.

De acuerdo con su acuerdo de culpabilidad, Marshall reclutó a veteranos para tomar clases de camioneros pagadas en virtud del GI BIll posterior al 9/11. AST estaba certificada para ofrecer clases que incluían una clase de 160 horas de Tractor y Tráiler y Seguridad, y una clase de 600 horas del Programa de Desarrollo de Conductores.

Marshall les dijo a los veteranos que no tendrían que asistir a las clases, pero aún podrían cobrar la ayuda de vivienda y libros suministradas por el VA, mientras que los pagos de matrícula se desembolsaron directamente a la escuela, dijeron los fiscales federales.

Sabiendo que la gran mayoría de los veteranos que se inscribieron en AST no tenían la intención de asistir a cualquier parte de los programas, Marshall y Waggoner crearon y presentaron certificaciones de inscripción falsas, de acuerdo con la acusación, que también alega que crearon archivos de estudiantes que contenían documentos falsificados.

Desde finales de 2011 hasta abril de 2015, como resultado del plan, el VA pagó a AST alrededor de $2.35 millones en pagos de matrícula y cuotas para veteranos que supuestamente asistieron a programas aprobados en AST, según la acusación. Durante ese mismo período, el VA también pagó aproximadamente $1.96 millones en beneficios de educación directamente a los veteranos que supuestamente asistiero a programas aprobados en AST, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

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