ECUADOR

Gobierno remata bienes para recuperar dinero de corrupción

Unas 15 propiedades de lujo --entre casas, departamentos y terrenos-- entrarán desde el martes a un proceso de remate en Ecuador para recuperar parte del dinero público del que se apropiaron ilícitamente altos funcionarios públicos del gobierno del expresidente Rafael Correa.

El Secretario Anticorrupción, Iván Granda, dijo en una rueda de prensa ofrecida ante una suntuosa casa incautada que “eso permitirá recuperar el dinero de los ecuatorianos por un valor de cinco millones de dólares, que pasarán a la cuenta única del Estado... y será parte de la política público de pago a los jubilados”. Añadió que este proceso se deriva de las sentencias judiciales que dispusieron procesos de reparación económica a favor del gobierno por 42 millones de dólares en juicios por corrupción a algunos exfuncionarios y empresarios. El remate debe producirse en 30 días. Entre los bienes que fueron localizados en las provincias de Pichincha, donde está la capital, Guayas, Esmeraldas y Orellana, están propiedades que estaban a nombre de Carlos Pareja, exministro de Hidrocarburos, y Alex Bravo, exgerente de la empresa estatal Petroecuador, ambos sentenciados por el delito de cohecho hace dos años. Luego de que Correa (2007-2017) dejara el poder hace dos años, se multiplicaron las denuncias y procesos de investigación de hechos de corrupción que ya han cobrado la libertad del ex vicepresidente Jorge Glas, casi una decena de ministros y otros altos funcionarios públicos de ese régimen, mientras la fiscalía no se da abasto para investigar nuevas denuncias y casos. Buena parte de tales casos tienen relación con la red de corrupción gestada por la empresa brasileña Odebrecht que repartió millonarios montos a funcionarios públicos a cambio de obras estatales.

 

HONDURAS

Siguen protestas de miles de maestros y médicos

Miles de médicos y maestros de Honduras continuaron el lunes con las movilizaciones y protestas que mantienen desde hace tres semanas pese a que el gobierno derogó dos decretos que presuntamente iban a privatizar los servicios hospitalarios y educativos que podían provocar despidos masivos de empleados públicos. El presidente Juan Orlando Hernández afirmó en rueda de prensa en la madrugada que las leyes fueron eliminadas “por la paz de Honduras” e instó a los huelguistas a regresar a sus labores y a sentarse con el gobierno para “construir un nuevo modelo que mejore la atención en salud y educación para el pueblo”. Sin embargo, el escepticismo permanece entre los manifestantes. “No tenemos confianza en el gobierno porque nos engaña”, dijo la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa. Figueroa también lidera la Plataforma de Lucha por la Salud y la Educación, un colectivo integrado por estudiantes sindicalistas y enfermeras y aseguró que no se invitó a este grupo a las conversaciones. Carlos Izaguirre, líder de los maestros, acusó a los educadores que aparentemente se reunieron con Hernández de dar “la espalda a las bases de la huelga”. En la capital, centenares de pacientes llegaron al Hospital Escuela Universitario en busca de atención médica, sin lograrlo y gran cantidad de colegios de secundaria y escuelas públicas permanecieron cerradas. El ministro de la Presidencia Ebal Díaz expresó que “los médicos y docentes quieren incendiar el país, pero esa no es la vía para hacerlo”. La policía inició la búsqueda de quienes saquearon e incendiaron 62 contenedores cargados de banano de la empresa estadounidense Dole Fruit, que ardieron entre el viernes y domingo. Dole informó que las pérdidas son superiores a los 2.5 millones de dólares. El viernes, desconocidos encendieron neumáticos en el portón principal de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Un estudiante universitario es juzgado por ese delito y los tribunales emitirán su sentencia el jueves.

 

MÉXICO

Otra caravana centroamericana cruza la frontera

Unos 400 migrantes centroamericanos cruzaron la frontera hacia México el martes con la esperanza de llegar a Estados Unidos para solicitar asilo. La policía mexicana estaba presente cuando la mitad de los migrantes cruzaron el río Suchiate sobre balsas hechas con neumáticos. Luego de ingresar al territorio mexicano, los migrantes --que en su mayoría provienen de Honduras-- caminaron a la entidad fronteriza de Ciudad Hidalgo para descansar en la plaza principal. “La Policía Federal nos preguntó de donde veníamos y si teníamos relación con pandillas”, dijo un hondureño que no quiso dar su nombre por temor a represalias y viajaba con su esposa y sus hijos. Agregó que al llegar a territorio mexicano algunos se dispersaron porque tenían familia pero confió en que se juntaran un grupo más grande. “Entre más gente cruce podremos reunir la caravana que estamos haciendo”, afirmó. La otra mitad de los migrantes caminó por el puente que conecta a México con Guatemala y esperó su turno para registrarse en la oficina de inmigración del país. Entre ellos había muchas mujeres y niños. México ha desalentado que las multitudes de migrantes caminen por las carreteras, tal como lo hicieron las caravanas en los últimos meses. Lo ocurrido el martes se produjo luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones mexicanas, a menos que el gobierno de México tome más medidas para frenar el flujo de migrantes que viaja por su territorio hacia Estados Unidos.

 

PERÚ

Presidente choca con Parlamento al borde del cierre

La presión del presidente Martín Vizcarra sobre el Congreso no cede en Perú. Antes de que se iniciara un debate para discutir el paquete de leyes anticorrupción que el madatario exige aprobar, el primer ministro Salvador del Solar reiteró la necesidad de que el Parlamento acepte las propuestas. De no hacerlo, según ha dicho el mismo mandatario, podría disolver el cuerpo legislativo. De acuerdo con el ministro, las normas propuestas por Vizcarra buscan acabar con una costumbre enquistada en la política local que consiste en que constructoras poderosas financien campañas “con el objetivo de garantizar contratos que terminan en miles de millones en obras paralizadas”. Esta declaración alude a Odebrecht, la constructora brasileña que en 2016 admitió haber pagado varios millones de dólares en sobornos a funcionarios de Latinoamérica para obtener contratos en obras de infraestructura. Los fiscales anticorrupción de los últimos tres años han colocado en el banquillo a cuatro expresidentes junto a cientos de poderosos de derecha e izquierda que jamás rindieron cuentas del manejo del dinero público en un país donde siete millones viven con apenas 105 dólares por mes. La paciencia de Vizcarra se agotó cuando el Legislativo archivó hace dos semanas uno de los proyectos enviados para eliminar un privilegio de protección judicial de los congresistas, quienes sólo pueden ser enviados a la cárcel si el Parlamento lo autoriza. Este privilegio ha permitido que en los últimos dos años dos legisladores sentenciados por corrupción posterguen sus ingresos a la prisión y uno pueda incluso fugarse. Si el Congreso no cediera ante sus demandas y Vizcarra lo disolviera, se convocaría a elecciones parlamentarias en los cuatro meses posteriores y no podrían postular los congresistas cesados. Los nuevos legisladores finalizarán su gestión el 28 de julio de 2021.

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