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Maestros, Obreros e Indígenas Protestan en Honduras Print E-mail
Written by San Fernando Valley Sun   
Thursday, 02 February 2012
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TEGUCIGALPA (AP) – Centenares de maestros, trabajadores de la empresa de electricidad e indígenas realizaron el martes protestas callejeras separadas y con fines distintos, que causaron un caos vehicular de varias horas en esta capital.

Los docentes repudiaron una ley de educación aprobada la semana pasada por la legislatura que según dicen pretende la privatización en el sector. Sin embargo, el gobierno afirma que la ley moderniza la educación nacional.

"Rechazamos la Ley Fundamental de Educación porque atenta contra los pobres de Honduras que no pueden pagar una escuela privada", dijo a la AP el líder magisterial Edwin Oliva.

La nueva norma obliga al gobierno a instalar internet en las escuelas públicas, incorpora el idioma inglés, amplía de seis a nueve años la educación gratuita y obligatoria para niños de hasta 14 años y exige a los colegios privados otorgar una beca por aula para alumnos de escasos recursos.

En la zona oeste de la capital, decenas de alumnos del Instituto Central, del gobierno, cerraron las calles aledañas por la misma causa que sus mentores.

También numerosos trabajadores de la estatal eléctrica convergieron frente al edificio legislativo para exigir que el Estado otorgue sin licitar a su sindicato la medición y cobro mensual del servicio, que representa ingresos por 12 millones de dólares al año.

El contrato lo posee hasta mayo y desde hace 12 años una empresa en la que el canciller Arturo Corrales es uno de sus principales socios.

El presidente del sindicato de la empresa eléctrica, Miguel Aguilar, aseguró durante la manifestación que "el pueblo ha dicho basta al saqueo que viene haciendo la iniciativa privada en Honduras".

Por su parte, decenas de indígenas exigieron a la legislatura no aprobar una ley de minería que no es discutida aún por los 128 diputados de cinco partidos políticos, pero que la tienen en su agenda.

Los indígenas consideran que el anteproyecto representa una amenaza al ecosistema nacional y dejará sin agua potables a sus comunidades, por la contaminarían de los químicos usados en la explotación mineral.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, que agrupa a unos 50.000 miembros, dijo en un comunicado entregado a The Associated Press que "nos sumamos a la lucha de otros sectores sociales en contra del proyecto de Ley de Minería enarbolado por el vergonzoso Congreso, enemigo de los intereses del pueblo".

"Nuestra posición sigue siendo el rechazo absoluto a la minería metálica por su criminal impacto en los daños a la vida en todas sus expresiones contra la salud de las personas y animales, y el agua y la tierra", añadió.

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